El Mercurio (Hg)

El Mercurio (Hg)

En Minamata, Japón, entre 1932 y 1936 una fábrica de ácido acético estuvo vertiendo en la bahía del pueblo ciertos líquidos residuales de la factoría con elevadas concentraciones de metilmercurio. Esta contaminación hizo que unas 50 mil personas resultaran afectadas; de ellas dosmil casos fueron catalogados como “la enfermedad de Minamata”, con afectaciones en el cerebro, parálisis, habla incoherente y estados delirantes. En 2013 los gobiernos adoptaron el Convenio de Minamata sobre el mercurio, según el cual, adquieren el compromiso para la aplicación de una serie de medidas, para acabar con las emisiones de mercurio a la atmósfera y reducir paulatinamente los productos que contienen este elemento.

En Venezuela, se han medido elevadas concentraciones de mercurio en trabajadores de las minas situadas al sur de El Callao, así como en la cuenca del río Caroní. En los habitantes de comunidades indígenas situados a orillas de los ríos Paragua, Caroní Caura y Orinoco, se han medido los niveles de esta sustancia, y existen denuncias sobre personas que enfermaron gravemente o murieron posiblemente debido a la contaminación por mercurio, situación ésta que parece ser igualmente la causa de muertes de indígenas Yanomami en el sur del estado Amazonas. Un 38% de los niños incluidos en una investigación realizada en El Callao presentaron niveles de mercurio superiores a los valores referenciales dados por la Organización Mundial de la Salud…

En realidad se ha demostrado que el aire, el agua, los suelos, así como los peces para consumo humano, en la población de El Callao, estado Bolívar, contienen concentraciones de mercurio, por encima de los indicadores considerados “seguros” por las instituciones de salud nacionales e internacionales. En los sitios donde se procesa el mineral de oro se encuentran los niveles más altos y no es de extrañar que los trabajadores de esos lugares tengan en sus cuerpos niveles de mercurio, de los más altos del mundo. En un estudio realizado en 20 sectores de El Callao, hasta el 60% de las personas analizadas tenían altos niveles de mercurio en sus cuerpos.

Es necesario destacar que por el Decreto Presidencial No. 2.412 del 2013 estableció una prohibición total del uso de mercurio en todas las actividades mineras de Venezuela. Ese mismo año 2013, el gobierno nacional firmó, el Convenio de Minamata que establece que todos los países donde se realice minería de pequeña o mediana escala deben realizar acciones graduales para eliminar el mercurio del proceso. Hasta ahora el convenio no ha ratificado. Estamos frente a una violación masiva de derechos humanos, y no pareciera existir negligencia, sino por el contrario, una intención decidida del Estado de negar una realidad representada por la toxicidad del mercurio y evadir sus obligaciones con respecto a esta situación para seguir explotando y aprovechando inmunemente los recursos minerales de la nación.   

No hay ninguna evidencia de que el uso y la comercialización de esta sustancia haya sido prohibida, o regulada en ninguna de las zonas mineras del país. Las declaraciones de que el Arco Minero del Orinoco sería una estrategia para dignificar el trabajo de los pequeños mineros, ha resultado una burla a los ciudadanos del país nacional, ya que en la práctica, las consecuencias de la exposición tóxicas del mercurio resultan en una violación incuestionable al derecho de los trabajadores a un ambiente de trabajo sano y a su integridad física, psíquica y moral, al quedar sometidos a través de la contaminación a condiciones inhumanas y degradantes.

Las consecuencias del daño generado son de largo plazo ya que el mercurio queda en el ambiente por períodos extensos, menoscabando la vida, salud y potencial de desarrollo de gran cantidad de personas en un muy extenso territorio, no sólo de las generaciones actuales sino futuras. No es posible que Venezuela como Nación continúe desconociendo esta situación y permitiendo esta devastación humana y ambiental. No puede ser justificable seguir destruyendo la vida y la salud de las personas, así como el ambiente y el futuro del país por razones de codicia e insensatez.  El gobierno nacional está en la obligación ética de frenar este daño y reparar sus consecuencias y debería garantizar que los afectados tuviesen acceso a tratamiento médico, así como a compensación, rehabilitación, satisfacción y ofrecer garantías de no repetición. Se hace necesario llevar ante la justicia a los autores de las violaciones a sus derechos y procesarlos por lo que pareciera ser parte de este proyecto genocida que parece seguir su curso, ante la satisfecha complacencia de los politiqueros buchones…

Maracaibo,  viernes 11 de octubre 2019