Zapatero, “el negociador”
Tengo muchos amigos que se siguen sintiendo muy izquierdosos
y no les critico su afán. También yo mismo padecía de esas crónicas virosis,
pero nada hay peor que el fanatismo que no te permita razonar, al menos “razonablemente”.
Por ello y por no querer aceptar que no es posible tapar el sol con un dedo,
les recomiendo analizar ésta y alguna que otra breve indiscreción de mi parte. Recuerdo
como ayer, cuando la llegada del PSOE al Gobierno de España propició el primer encuentro
informal entre José Luis Rodríguez Zapatero con Hugo Chávez Frías, acaecido en
el marco de la Cumbre UE-América Latina y Caribe que se celebraba en mayo de 2004 en México. En noviembre
de ese mismo año Chávez realizó una nueva visita a España y ambos presidentes
anunciaron "una nueva era"
en las relaciones bilaterales. El primer viaje oficial de Zapatero al país
latinoamericano tuvo lugar en marzo de 2005, una visita que sirvió para firmar
varios convenios comerciales y energéticos y para suscribir también un
controvertido acuerdo para la venta de aviones y buques. Era el mayor contrato
de venta de equipos militares españoles a Venezuela y suponía la compra por
parte del Gobierno de Caracas de doce aviones y ocho patrulleras. En enero de 2006 Estados Unidos se opuso a la
venta de los aviones alegando que llevaban tecnología estadounidense y el
contrato se suspendió, aunque siguió adelante la venta de las patrulleras.
En la actualidad se ha denunciado y supuestamente la
CIA e Interpol, tienen bajo investigación
un presunto caso de corrupción en una venta del ex ministro de Defensa, José
Bono cuando Zapatero era el Señor Presidente. De acuerdo a una información
publicada por el portal Es. Diario, entre varios documentos, destaca un expediente
que hace referencia a este asunto en un oficio que lleva el título de: “CASO SOBREPRECIO EN CONSTRUCCIÓN DE BUQUES
PARA LA ARMADA EN ESPAÑA, HEBERT GARCÍA PLAZA, ALTO MANDO MILITAR”. El año
2005 el presidente José Luis Rodríguez
Zapatero suscribió un acuerdo con el Gobierno de Venezuela -entonces presidido
por Hugo Chávez-, para la venta de cuatro barcos para la Armada de ese país.
En ese entonces, el ministro de Defensa, y máximo responsable de la venta de
material militar a otros países, era José Bono, quien ocupaba esa cartera en
tiempos de Zapatero, entre los años 2004 y 2006. El
acuerdo firmado entre los dos gobiernos incluía la construcción de cuatro BVL
-Buques de Vigilancia Litoral- con un coste total de 508,68 millones de euros;
y de cuatro POVZEE -Patrulleros Oceánicos para la Vigilancia de la Zona
Económica Exclusiva-, con un precio de 698,71 millones de euros. El coste total
de la operación fue de 1.207,39 millones de euros. Es. Diario detallaba que fue un precio cerrado, según los acuerdos, pero
que en los papeles variaba sensiblemente, pues el Gobierno de Venezuela abonó
1.246 millones de euros en la operación. Es decir, 38.600.000,00 euros
de más. En esta millonaria
operación una empresa de intermediación, la Rabazven Holding, se embolsó suavemente
el 3,5% del total del dinero del contrato.
Al Ministerio Público le pareció sospechosa esta
intermediación, tratándose de un contrato que, según la declaración oficial del
Gobierno de Zapatero, se había conseguido a nivel gubernamental porque la
naviera adjudicataria, NAVANTIA, era una empresa 100% pública, y las
negociaciones fueron llevadas a cabo por José Bono, el ministro de la Defensa.
El contrato se firmó por todo lo alto en Caracas y hasta allí se trasladó Bono
junto al entonces presidente de NAVANTIA, Juan Pedro Gómez Jaén. En el año
2010 se conocieron algunos datos públicos de esta desmesurada comisión y nadie
entonces dio explicaciones ni en Venezuela ni en España. El ya ex presidente
de NAVANTIA, que se encontraba en ese año ya al frente de Sainsel Sistemas
Navales S.A, negaba cualquier explicación, y remitiría para esto a los
responsables de la empresa pública. La respuesta de esta empresa fue que “Rebazven
ha estado históricamente en las operaciones de venta en Venezuela”. Fue
entonces cuando un medio de comunicación preguntó por qué se usó un
intermediario que se embolsaba más de 38 millones en la operación si
oficialmente la venta era un logro directo de Zapatero y Bono. La respuesta de
los astilleros públicos apuntaba a la gestión de Bono en Defensa… “Vaya
usted y pregunte en Defensa, que son ellos quienes firmaron el contrato”. Tal y como recoge el oficio, Bono
nunca dio explicaciones de esa operación. Quien sí lo hizo fue el propio Hugo
Chávez quién argumentó en su momento: “Queríamos ayudar a España, el presidente Zapatero me
dijo un día que tenían problemas con los astilleros y entonces orientamos la
adquisición de Estado a Estado”. El desvío de más de 38 millones de euros en comisiones no es la única
polémica de la operación de Bono. Trascendió que los pagos de Venezuela se
demoraron y en 2016 seguían sin abonarse casi 312 millones de euros que la
empresa pública española había abonado en concepto de garantía de entrega de
los trabajos.
En
contra de la Posición Común establecida en la Unión Europea, en 1996 por José María Aznar siendo
presidente de España la cual condicionó las relaciones con Cuba al respeto de
los derechos humanos y la introducción de cambios democráticos, siendo
presidente, José Luis Rodríguez Zapatero conservó y mantiene una buena relación
con Cuba, cuya influencia sobre Maduro y el gubernamental Partido Socialista
Unido de Venezuela, (PSUV) está fuera de toda duda. Zapatero ha sido
amigablemente recibido por las autoridades de la isla caribeña desde su
activismo en Bruselas y su amistad y relaciones estrechas con el gobierno de
Maduro han sido criticadas. El ex presidente socialista y su ex ministro de
Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, se transformaron en expertos en las
triangulaciones diplomáticas para excarcelar presos cubanos de conciencia,
facilitar encauzamiento de las relaciones bilaterales y la liberalización del
régimen. Cultivó la rosa, roja en este caso, para el amigo sincero…
Otro de los asuntos que ensombreció las relaciones
bilaterales entre España y Venezuela, en aquellos años, fue la presencia de
miembros de la banda terrorista ETA en territorio venezolano. En 2006 los
medios publicaron un compromiso de las autoridades venezolanas para indemnizar
a dos etarras y conceder la nacionalidad a otros cuatro. Aunque el acuerdo fue
desautorizado por el Gobierno de Chávez, continuaron las especulaciones sobre
los supuestos vínculos del Gobierno venezolano con ETA, y en marzo de 2010 se
produjo un nuevo desencuentro cuando el juez de la Audiencia Nacional Eloy
Velasco acusó a Caracas de apoyar una presunta alianza entre ETA y la guerrilla
colombiana de las FARC, siempre apoyada por Chávez. El asunto se zanjó con un
comunicado conjunto de ambos países condenando el terrorismo, pero Venezuela no
atendió las solicitudes de extradición de etarras reclamados por España. El
caso más significativo fue el de Arturo Cubillas, quien desde 2007 trabajaba
para el Gobierno de Caracas y que fue reclamado por primera vez en octubre de
2010 por su presunta conexión con ETA y las FARC. No pasó nada.
El
presidente venezolano Hugo Chávez Frías, antes de fallecer calculó en unos
8.000 millones de euros los contratos de las empresas españolas que tenían
negocios en su país. Sobre este tema que señala la persistente y emocionada conexión
anímica de Zapatero con el PSUV y con el gobierno de Maduro, podremos hablar de
nuevo en otra oportunidad…
Maracaibo, 16 de septiembre del 2018
1 comentario:
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