domingo, 3 de mayo de 2015

Toma de Polar, zonas de Paz y corrupción defecante

                 TRES ARTÍCULOS QUE ACTUALIZAN NUESTRA SITUACIÓN

        No son de mi autoría pero valen para la lectura del diario acontecer en la Venezuela de hoy




Los anuncios de Maduro este 1ero de Mayo y la toma de Polar // Nelson Bocaranda Sardi
Runrunes
Revelaciones de un enchufado
En medio de las especulaciones, peticiones, reivindicaciones y temores que pululan en el ambiente laboral y político en torno a la celebración del Día del Trabajador, creí conveniente acercarme a un funcionario que durante los últimos meses nos ha suministrado información bien sustentada desde el sector del gobierno que controla la distribución de alimentos a nivel nacional. Hizo su primer contacto con nosotros hace unos años, durante la primera administración del general Carlos Alberto Osorio Zambrano frente al Ministerio de Alimentación, quien en aquel momento lanzó la “primera guerra contra la derecha que acapara los alimentos y provoca una falsa escasez y desabastecimiento”.
Osorio asumió ese despacho entre los años 2010 y 2014 cuando fue nombrado presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y  pasó luego de unos meses a ministro del Despacho Presidencial. Cuando fue reemplazado en el despacho de Alimentación por otro militar, Félix Osorio, se dijo que había dudas sobre su actuación en el manejo de la cadena alimentaria.
Cuando asumió, en febrero pasado, el ministerio que dirigía el hoy perseguido general Hebert García Plaza, se volvieron a refrescar las dudas sobre  Carlos Osorio. Sin embargo, su cercanía con Nicolás Maduro —y la amistad de sus esposas— lo regresan al mismo cargo donde su desempeño mediocre fue superado por sus acciones contra el sector privado con la  intervención de la red popular privada DíaDía, la detención de dos de los directivos de esta cadena y también de otros directivos de Farmatodo. Siempre buscando a quién echarle la culpa de los fracasos rojos, en los que la improvisación y la demagogia por un lado y la corrupción por otro son las razones verdaderas.
Regresando a la fuente, a solo horas de los anuncios que mañana deberá hacer Maduro, le pregunto en torno a lo que se especula que podrían ser algunos de estos anuncios. Como el foco rojo ha estado centrado en Alimentos Polar, principal grupo productor alimentario de Venezuela, que en 7 años ha recibido 1.899 inspecciones siendo las últimas 15 en la última semana de abril. Ese acoso raya en un odio visceral del militar que está al frente del Ministerio de Alimentación.
La respuesta de mi entrevistado: “En lo único que coinciden el todopoderoso general Carlos Osorio, Ministro de Alimentación y gran administrador de los 8.000 millones de dólares a 6,30 para Alimentos, y Homar Farahón Viera, Superintendente de la Sunagro —quien fuera asistente del Presidente Maduro— es en el odio que profesan por Empresas Polar. En todo lo demás no se entienden y tienen una puja por el control de la Sunagro”.
Sigue: “Osorio es el padre del Sistema de Control de la Distribución de Alimentos, quien le vendió el SICA como la gran solución a Chávez para controlar toda la distribución de Alimentos, pero ve con recelo la independencia con la que actúa Farahón. En este mismo sentido, es conocido por todos el gran desprecio con el que Osorio se refiere a los funcionarios civiles del chavismo en sus reuniones con otros militares. Por otra parte, Farahón no tiene experiencia alguna y su equipo ha tenido muchísimos problemas en la implementación de reformas al sistema, lo que ha ocasionado numerosos retrasos en la distribución de los productos tanto públicos como privados que han sido denunciados públicamente por Cavidea y algunas otras de las empresas de alimentos, quienes además se han reunido muchas veces en la Sunagro y han propuesto modificaciones”.
Le recuerdo que he oído es que ese nuevo sistema, a más de un mes de su implementación, no termina de arrancar bien.  Me interrumpe rápidamente  para testimoniar que “frente a este desastre Farahon se ha defendido echándole la culpa a las empresas privadas acusándolas de no colaborar, en especial a la Polar, el chivo expiatorio favorito de Osorio”.
Seguimos conversando mientras indago más a fondo sobre el tema. Para entender el plan hay que conocer un poco el sistema con el que distribuye la Polar. Esta es la única compañía de alimentos en Venezuela que distribuye a más de 38 mil clientes de forma directa. La mayoría de las empresas distribuyen  directamente solo al canal moderno (supermercados) y a mayoristas. Polar no. Polar vende a más de 20.000 pequeñas bodegas y abastos, según lo pública en su sitio web. Esa es la gran fortaleza de Polar y por ello —por su pulcro y moderno sistema de trabajo, producción y distribución— es el “enemigo a destruir” pues es la mejor demostración de que todo lo contrario es lo que sucede dentro del burocratismo militar-cívico que trabaja para Maduro.
Me lanza una pregunta antes de que sea yo el que  siga interrogando: ¿Sabes que inventaron en enero Osorio y Farahón?
Te lo digo: “Osorio arrancó a decir  públicamente que la empresa privada había dejado de atender a 20.000 bodegas y abastos para que los bodegueros hicieran cola en los supermercados y que por ello el gobierno iba a encargarse de distribuirles a esas bodegas. En privado nos decía que la Polar dejo de atender a 20.000 bodegas y abastos. Todo el mundo en Sunagro sabía que esto era mentira porque precisamente todos los despachos a esos clientes los autoriza la Sunagro y la Polar no puede dejar de despacharle a ninguno sin la autorización de esta, ni puede despachar más productos a otros canales sin su autorización. Más aún, todos en la Sunagro saben que el general Osorio en muchas oportunidades —cuando era superintendente del Sada, antiguo nombre de la Sunagro— ordenaba constantemente a la Polar que redireccionara productos que estaban destinados a las bodegas para que fuesen enviados a las grandes cadenas del canal moderno para lograr lo que él llamaba “el efecto vitrina” y “que la gente camine más y vaya a los supermercados”.
Le recuerdo que Cavidea salió a desmentir públicamente las afirmaciones de Osorio. Me contesta con estos datos: “Posteriormente, Osorio y Farahón empezaron a decirle al Presidente que la Polar no estaba colaborando con la Sunagro en la implementación del nuevo sistema, que no quería entregar los nombres de esos clientes, que la Polar dejaba poblaciones completas sin productos”.
De nuevo, en la Sunagro, todos los funcionarios sabíamos  que todo era mentira ya que la decisión de distribuir a una o a otra ciudad solo la puede tomar la Sunagro pues es la que autoriza los despachos. Por cierto, y esto es de suma relevancia, la lista con nombres y apellidos de todos los clientes de la Polar es pública y está en su página web.
Con mucho empeño el informante me alerta: “La tercera fase del Plan Osorio/Farahón es de más alto calado y tiene dos propósitos, uno electoral y el otro de control social: El objetivo es el control total de la distribución de los productos de la Polar a través de la intervención de sus centros de distribución para luego poder hacer grandes redireccionamientos hacia  los canales que el Gobierno decida y lograr así un mega “efecto vitrina” y bajar las colas en los supermercados. Buscan un nuevo ‘Dakazo’ remedando al hoy defenestrado general Hebert García Plaza. Así, todos los productos que Alimentos Polar distribuye hoy día a las 20.000 bodegas podrán mandarlos a PDVAL, Bicentenario y los supermercados privados. Por otra parte, el gobierno avanzará en su control y administración de la escasez y la miseria”.
¿Y qué efectos tendrá esto? —le pregunto.
“Escucha bien. Será así: si quieres comprar los productos de la Polar, los vas a comprar dónde y cuándo yo diga. Todo esto iría barnizado con el discurso, ya montado y ensayado aquí adentro: “Desde que intervinimos hay más productos de la Polar, ¿vieron que ellos lo desviaban a Colombia? Etcétera, etcétera. Dirán: ‘Los 20.000 bodegueros y todos sus clientes que caminen más y nos compren a nosotros’. La paradoja de todo esto  es que el gran plan es con los productos de la Polar y no con los del Gobierno y esto es así porque las empresas productoras de alimentos que expropió o construyó el gobierno están en la ruina y no producen lo suficiente.”
Hay quienes han oído decir a Osorio: “En Venezuela vamos a administrar la escasez con los productos de la Polar y con los que compremos fuera del país.”
Cierra este diálogo subrepticio, apenas hoy jueves 30 en la mañanita, con esta despedida: “Pan para hoy y hambre para mañana, como todo con este gobierno. Ojalá y el presidente Maduro no caiga en esta trampa montada y que supuestamente es para ayudarlo a subir en las encuestas”.
Muy grave. Con la inflación más alta del mundo y la corrupción controlando todos los estamentos gubernamentales el futuro no es nada promisor.
Publicado por Venezuela Primero
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¿Zonas de paz? // Gonzalo Himiob Santomé
Runrunes
Para poner las cosas simples, el Estado existe solo porque los ciudadanos decidimos organizarnos, cediendo algunos de nuestros espacios de libertad para lograr ventajas comunes, entre ellas la garantía de nuestra supervivencia y el respeto irrestricto a nuestros más esenciales derechos. La autoridad, así entendida, no se hereda ni viene de Dios, sino de un pacto general (de un “contrato social, diría Rosseau) en el que los grupos humanos se comprometen a cumplir ciertos deberes comunes a cambio de pública protección. Los términos de esos pactos, las fórmulas de vinculación entre el poder y la ciudadanía, las reglas a la que están todas las partes sometidas en dicha relación, normalmente se recogen en esos cuerpos normativos que se llaman “Constituciones”.
Hay muchas formas de gobierno y muchos tipos de constituciones diferentes. La nuestra, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es, pese a que a veces se la quiera ver de otra manera, fundamentalmente antropocéntrica ¿Qué significa eso? Pues que en nuestro modelo de Estado el poder se ha articulado, al menos formalmente, para la protección del individuo, de los seres humanos, de manera que todos sus órganos e instituciones solo tienen sentido si se estructuran y trabajan para la protección del ser humano, de los ciudadanos. El ser humano es el centro y destinatario final de toda la actividad del Estado, y ésta debe orientarse, sin cortapisas, a la defensa de las personas y al resguardo de nuestra dignidad humana, que no a la auto preservación de las estructuras del poder. Que no nos quepa duda, si en nuestra Carta Magna algo está claro, es que el poder está subordinado a la ciudadanía, y no al revés. A riesgo de ser malinterpretado como “subversivo”, afirmo que el gobierno, por orden constitucional, no es ni debería ser tenido como “autoridad pública” sino “servidor público”, y la diferencia entre los dos conceptos no es netamente semántica.
Lo dice la Constitución
Como seguramente algunos dudarán de lo que he escrito, y pensarán que para nuestro gobierno somos los ciudadanos los que estamos a su servicio, que no al contrario, les invito a confirmar mis palabras en el primer párrafo del artículo 3º de nuestra Constitución, que expresa textualmente lo que sigue: “El Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución”.
No es un invento mío entonces. El Estado y sus instituciones tienen unos fines “esenciales”, es decir, unos de los que no pueden olvidarse ni prescindir sin dejar de ser lo que son, a los que deben someterse. El primero de esos “fines esenciales”, y no es casual el puesto en la enumeración, es el de la defensa de la persona, del ser humano, y el respeto a su dignidad.
Una de las más importantes conquistas humanas es que desde hace mucho tiempo los individuos acordamos cederle a una entidad colectiva, al Estado, la potestad de administrar justicia. Siglos atrás, el “derecho de castigar” o la “potestad punitiva” se mantenía en manos de los mismos individuos afectados, que tenían pleno derecho de castigar, sin control alguno y con base en reglas difusas y subjetivas, a todo el que en su criterio les hubiera causado, fuera cierto o no, cualquier daño. Eso cambió más o menos por allá en el siglo XII, cuando el poder asumió en occidente dicha potestad, a la que se comenzó a llamar desde ese momento “ius puniendi” o “derecho de castigar”. En nuestro país, dicha facultad solo la tiene el Estado, de manera que cualquier forma de toma de justicia “por propia mano” no solo es ilegal, sino que además es delito. Solo el Estado, a través de los tribunales, de la Fiscalía y de los órganos de seguridad, puede garantizar la seguridad ciudadana a través de la creación y aplicación, sometida a reglas muy estrictas, de normas penales.
Zonas de delitos
Pero veo con mucha preocupación que, de manera absolutamente inconsulta, desde el 2013, como parte de estos peligrosísimos “experimentos” a los que lamentablemente ya nos tienen tan acostumbrados nuestros gobernantes, propios de personas que, se nota, en su vida han leído ni una línea sobre criminología o sobre política criminal, se ha decidido crear unas supuestas “Zonas de Paz”, en las que el poder ha decidido dejar de ser poder, renunciando a su potestad punitiva y violando con ello sus deberes esenciales de “defensa de la persona” y del respeto a nuestra dignidad. En la jugada los únicos que han salido ganando, como era de esperarse, son los delincuentes.
En estas “Zonas de Paz”, distribuidas a lo largo de todo el territorio nacional, la vigilancia policial no existe. De hecho, los funcionarios del CICPC están obligados a informar a la Sala Situacional de su institución, y deben hasta “pedir permiso” si desean entrar a algunas de estas “Zonas de Paz”. Lo mismo ocurre con otros cuerpos de seguridad. Eso no se ve en ninguna parte del mundo, ni en Cuba.
Al final del día la “gracia” no ha concluido sino como cualquiera con dos dedos de frente podía fácilmente anticiparlo. Las “Zonas de Paz” no son sino reductos en los que la ley no la impone el gobierno, sino los delincuentes. Allí el Estado dejó de serlo y ahora no es más que un “mirón de palo”. Allí se retiene a los secuestrados, al amparo del gobierno, mientras la delincuencia progresa y crece. Allí están a resguardo las “caletas” de armas, drogas y dinero mal habido, sin que nadie pueda hacer nada para evitarlo. Allí, a plena luz del día se “esconden”, si es que cabe el término, los criminales solicitados y viven sus vidas tranquilos sabiéndose protegidos por un gobierno que, en la jugada, ha corroborado lo que ya todo el mundo sabe: No tiene la más mínima idea sobre cómo se maneja el fenómeno criminal, y como no sabe, ni le interesa, controlarlo, se abre de piernas ante la delincuencia para que ésta haga de las suyas, con la vaga esperanza de que algún “beneficio” le reportará haberse rendido de esa manera.
Los “bienandros” de Chávez
El establecimiento de estas “Zonas de Paz” es un reconocimiento claro, una confesión absoluta, de la franca incapacidad del gobierno en materia de seguridad interna. Es una renuncia indigna y peligrosísima al “ius puniendi”, que nos afecta a todos, sin distinciones, y una franca violación a nuestra Carta Magna. Mucho vociferar “mano dura”, mucho asumir en cadena nacional posturas de bravucón y de fortachón para luego morir en la misma orilla, dejando en el camino a la ciudadanía aterrorizada y a los policías a merced de estos “nuevos mejores amigos”, los “bienandros” de Chávez.
¿Las razones? La falta de conocimiento, la incapacidad manifiesta, y que no se ha entendido que el que baila pegado con el demonio, inevitablemente, se quema.
Gonzalo Himiob Santomé | @himiobsantome
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La corrupción gubernamental defeca sobre la ética del Estado
 Víctor Vielma Molina
La Patilla
Hay crisis de valores; pero no todos los venezolanos están entregados a la corrupción. Al contrario, las mayorías la repudian. Tampoco, todos han perdido la esperanza, la fe ni la ética. Las mayorías, nunca se van a meter en el cascaron donde el gobierno trata de amordazarlas e intimidarlas.  Otra cosa, jamás puede hacerse ver que la corrupción es un problema de ADN. Eso sería razonar bajo un determinismo fuerte que pudiera rayar en racismo, con el propósito de sembrar a los pueblos latinoamericanos en el fatalismo y la condición resignada de vivir en el delito y del delito.
La corrupción es el enemigo público a reducir. Se ataca y resuelve de raíz con educación, desarrollo cultural, enseñanza ética y observancia de la ley. De tal manera, el pueblo venezolano, en rechazo a teóricos y políticos deterministas, fatalistas, racistas, mezquinos, excluyentes y segregacionistas, jamás pueden abandonar la defensa de la patria, hasta hacerla buena, progresista, democrática, victoriosa y triunfante.
Ciertamente, los gobiernos del extinto Hugo Rafael Chávez Frías y de su sucesor Nicolás Maduro Moros no han sido transparentes ni sinceros con el pueblo. La corrupción y la demagogia de estos gobiernos “revolucionarios” despiertan la ira de los dioses y de la gente. Ahora que la patria, nos necesita, nadie puede, “tirar la toalla” ni reducirse a la detestable complicidad del silencio. En lo más profundo de cada venezolano, no hay quien no repudie la incapacidad administrativa, fiscal y contralora de la “revolución”. La impunidad “revolucionaria” tolera a la corrupción desde el Plan Bolívar 2000; pasa por la fortuna, mal habida de los “hijos” y funcionarios del comandante supremo (Andrade, Isea y  Ramírez); sin omitir otros centenares de casos como el blanqueo de capitales en las entidades bancarias BPA Andorra y HSBS Suiza; la actuación delictiva de los jefes del “Bachaqueo”, hasta llegar a la estafa en importación de alimentos, más reciente, Ecuador-Venezuela. -¿Será que entendieron socialismo por latrocinio?
La Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada fue publicada en Gaceta Oficial N° 5.789 Extraordinario del 26 de octubre de 2005. Pero no hay autoridad ni institucionalidad ni Poder Público que la haga valer. Esta ley, en su artículo 4, sanciona contra la  Legitimación de Capitales: “Quien por sí o por interpuesta persona sea propietario o poseedor de capitales, bienes, haberes o beneficios cuyo origen derive, directa o indirectamente de actividades ilícitas o de delitos graves, será castigado con prisión de ocho a doce años y multa equivalente al valor del incremento patrimonial ilícitamente obtenido.” Al igual, sanciona contra la: “conversión, transferencia o traslado por cualquier medio de bienes, capitales, haberes, beneficios o excedentes con el objeto de ocultar o encubrir el origen ilícito de los mismos o de ayudar a cualquier persona que participe en la comisión de tales delitos a eludir las consecuencias jurídicas de sus acciones.” Además, con predominio, castiga el “ocultamiento o encubrimiento, la adquisición, posesión o la utilización de bienes producto de algún delito previsto en esta Ley. El resguardo, inversión, transformación, custodia o administración de bienes o capitales provenientes de actividades ilícitas.”  Y advierte: “Los capitales, bienes o haberes objeto del delito de legitimación de capitales serán decomisados o confiscados según el origen ilícito de los mismos”.
¡Esta lucha tiene que darse! No existe miseria más abominable, después de violación al derecho a la vida, que la corrupción. Nuestro sentido de pertenencia y amor por Venezuela nos empuja a luchar contra este flagelo. La corrupción gubernamental defeca sobre la ética del Estado, destroza la confianza, las buenas costumbres de la población; además, frena el desarrollo ético-político del país. La corrupción y el despilfarro destruyeron la oportunidad política, social y económica que tuvo el presidente Hugo Chávez para sacar al país a flote y salvarlo. Pues, tenía a la mayoría de población a favor, cosa que es más fuerte y alentadora, que un barril de petróleo sobre los 140 dólares.
Actualmente, todos los días se descubre un escándalo más de corrupción gubernamental. Pero el gobierno de Nicolás Maduro, únicamente demuestra su capacidad para distraer la atención de la opinión pública. Solo acusa al débil “chinito de Recadi”, demanda, amordaza y niega papel a los medios de comunicación social, lucha contra una supuesta “guerra económica” para evadir culpas y ocultar responsabilidades, ante la realidad inflacionaria y la escasez de alimentos que impacta a la población. ¿Será que su objetivo es desensibilizar al pueblo para que no repudie ni luche contra este despiadado delito? El monstruo de la corrupción se adueñó de los Poderes Públicos; pero la fruta, aunque se pudra, preserva la semilla; una sola que germine para el bien, bastará para salvar al mundo.
Víctor Vielma Molina/Educador/victormvielm@gmail.com

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