La fiscal Fatou Bom Bensouda
El vicepresidente de la República Democrática del Congo y jefe del
Movimiento de Liberación, Jean Pierre Bemba, entre 2002 y 2003, dirigió una
matanza que dejó más de 5.000 muertos. Aquella horrible orgía de sangre y
muerte fue denunciada ante el fiscal de la Corte Penal Internacional, el
abogado argentino Luis Moreno Ocampo,
quien abrió una investigación que desembocó en una acusación formal que llevó
adelante Fatou Bensouda quien para
aquel tiempo era la nueva fiscal.
En marzo de 2016, finalmente fue dictada la condena a 18 años de cárcel
contra el acusado pero hoy día, en 2019, la Sala de Apelaciones ha anulado
aquel fallo, y el acusado fue absuelto de los cargos fiscales aduciendo “vicios
en la acusación”, que supuestamente no contempló los hechos en los que se dictó
la condena. Pero eso no es nada raro: Luis Moreno Ocampo durante los 9 años que
permaneció en el cargo de fiscal, cerró sin investigar, más de 20 denuncias
interpuestas contra Hugo Chávez y Nicolás Maduro, y en su gestión solo imputó a
4 criminales de guerra.
Moreno Ocampo fue descubierto recibiendo dinero de un testaferro de un
imputado; en los “Panamá Papers”, se
le encontraron dineros secretamente guardados escondidos con tres empresas en
paraísos fiscales. Moreno Ocampo fue el mismo que recibía millonarias sumas de
dinero del magnate petrolero libio Hassan Tatanaki, quien era investigado por
esa Fiscalía, en los años cuando Fatou Bensouda era su vicefiscal, la
segunda en ese cargo durante nueve largos años de consolidada amistad. Hablemos
de ella, pues…
Fatou Bom Bensouda desarrolló su carrera al lado del feroz tirano de
Gambia, Yaya Jammeh, quien la tuvo a
su lado, promocionándola en varios altos cargos del gobierno hasta que la
propuso como fiscal adjunto en la Corte Penal Internacional (CPI) y la
admitieron en el cargo recomendada, por el fiscal de esa época, quien era nada
más y nada menos que el abogado argentino Luis Moreno Ocampo, quien había
conocido a Fatou de manos del dictador Yaya Jammeh y con quien había estado
colaborando durante nueve años...
La fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bom Bensouda,
está en este cargo desde junio de 2012, después de haber servido como
Fiscal Adjunto a cargo de la División de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional desde el año
2004. Fatou Bom Bensouda,
fue evidentemente, la sucesora de Moreno Ocampo, y ella tampoco se inmutó ante
los reclamos venezolanos para que ordenase la apertura de una investigación
sobre los crímenes de lesa humanidad que se ha señalado han sido cometidos por
el gobierno de Nicolás Maduro.
La fiscal Bensouda tendría vínculos cercanos de amistad con el
gobierno de Venezuela, específicamente con la representante diplomática del
país vecino en los Países Bajos, Haifa
El Aissami, hermana del exvicepresidente de Venezuela y
exministro de Industrias y Producción Nacional, Tarek El Aissami. Estas conexiones han señalado a la embajadora que Maduro
tiene destacada en el tribunal de la CPI, como una probable razón para la
demora en los trámites de la fiscal, quien siempre informaba que se encontraba
muy ocupada en asuntos personales. En realidad preparaba su defensa por
hallarse acusada de una estafa millonaria ante el banco de Dubai donde
la fiscal de la Corte Penal Internacional ilícitamente fue con su esposo a
hacer levantar medidas de congelación de 51,7 millones de dólares para cobrar
honorarios contratados a su marido por 16 millones.
El esposo de Fatou Bensouda, Philip Bensouda, apareció reseñado como
empresario; sin embargo, no tenía empresa alguna, y era un gestor de alto nivel
que gracias a su condición de cónyuge de la fiscal se mueve por el mundo con el
pasaporte diplomático D0001999, que también utilizó para que le adjudicaran un
contrato de gestión de recuperar la suma de 51,7 millones de dólares que
estaban congelados en el NBD Bank de Dubái. El dinero pertenecía a un policía
de nombre Yaya Barrow, ciudadano de Gambia, donde Fatou Bom Bensouda derivó
todo su poder a la vera del feroz dictador Yaya Jammeh del que era su mano
derecha. Aunque la versión que han dado es que esa fortuna era una herencia a
favor del policía, corre la versión de que en realidad es producto de la
corrupción del régimen del cual ella era parte.
Estando
en ejercicio del cargo de fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bom
Bensouda, redactó el contrato de honorarios que firmaron su marido y el ex
policía para la recuperación del dinero, y una vez firmado ese documento se
trasladó a la oficina del banco en Dubái donde hizo que levantaran el
congelamiento de los fondos (¿cómo negarse ante un reclamo nada menos que de la
fiscal de la Corte Penal Internacional?), pero seguidamente se presentó un
conflicto entre las partes porque el policía se negó a pagar los honorarios
contratados alegando que era demasiado dinero (16 millones de dólares) y está
acusando a Fatou Bensouda y al marido de haberle ejecutado una estafa al hacerle
firmar dicho contrato. El pleito entre las partes generó un escándalo y la
señora fiscal negó haber intervenido en el caso.
La
Corte Penal Internacional, aceptó el documento de fecha 21 de noviembre 2018
consignado por el exparlamentario del estado Táchira, Walter Márquez, en donde
se denuncia por negligencia, incumplimiento grave y fraude procesal a la Fiscal
Jefe Fatou Bom Bensouda. La respuesta positiva fue dada por el órgano
internacional 24 horas después de consignada la petición de abrir una investigación
en contra de la funcionaria. La decisión del organismo internacional de aceptar
la solicitud o denuncia en contra de la fiscal Bensouda, acercaría a Venezuela
a una salida pacífica a la actual crisis que atraviesa motivado a las políticas
económicas erradas impulsadas por el régimen comunista. La decisión del
organismo internacional de aceptar la solicitud o denuncia en contra del fiscal
jefe Fatou Bom Bensouda, acercaría a Venezuela a una
salida pacífica a la actual crisis que atraviesa, si llegase la
CPI a condenar a Nicolás Maduro a una pena que puede ir entre 30 años hasta
cadena perpetua por crímenes de Lesa Humanidad.
El
parlamentario Márquez explicó que pidió la investigación de la fiscal,
básicamente, porque no investigó dos requerimientos que acusan a Nicolás
Maduro de haber cometido delitos de lesa humanidad, ambas denuncias fueron
desestimadas. La primera se formuló en enero de 2016, donde se señala al
actual presidente venezolano y miembros de su gobierno por la represión
ejercida en las protestas populares que se desarrollaron entre los meses de
febrero y junio de 2014; el cierre de la frontera con Colombia y las
deportaciones forzosas ejecutadas en agosto de 2015. Una segunda acusación fue
expuesta a la CPI, en marzo de 2018; en la misma, Márquez,
responsabiliza al mandatario venezolano por el “holocausto”, de la salud en
Venezuela y el crimen de “exterminio”, generado por la privación de alimentos y
medicinas en contra de los ciudadanos del país vecino, acciones que han
generado el mayor éxodo (entre 2 y 4 millones de acuerdo Acnur), registrado en
la historia de ese país.
En
noviembre de 2016 el canciller de Rusia declararía lo siguiente: “Lamentablemente,
el tribunal no ha justificado las esperanzas puestas en él y no se ha
convertido en un órgano de justicia internacional independiente y de prestigio.
Dice mucho que en sus 14 años de trabajo, la CPI haya dictado solo 4 veredictos
y gastado más de 1.000 millones de dólares”. En la actualidad existen
dos hechos contradictorios: la denuncia de Donald Trump contra la CPI ("La
CPI no tiene jurisdicción, legitimidad ni autoridad"), y, la
denuncia que ante esa misma CPI seis presidentes han firmado contra Maduro.
En su comparecencia ante la ONU, el duro discurso de Donald Trump, y lo
expresado por su asesor de Seguridad Nacional John Bolton en septiembre del año pasado (2018), plantearía la
situación de cómo se podrían aplicar sanciones a los jueces y a la fiscal de la
CPI, sugiriendo prohibirles la entrada a su territorio, procesarlos por sus tribunales
o decomisarles bienes y otras
opciones, ante la disparatada situación que confronta el organismo
internacional.
En abril de este año 2019, Estados Unidos revocó la visa norteamericana
de Fatou Bensouda, quien en la actualidad se presenta como la fiscal
investigadora de los presuntos crímenes de guerra y violaciones de Derechos
Humanos por parte de las fuerzas militares estadounidenses en Afganistán. En
mayo, la fiscal sigue campante y los reclamos de los venezolanos pidiendo
justicia, brillan por su ausencia…
Mississauga, Ontario, Canadá, martes 14 de
mayo de 2019
