El Coqui, la guerra urbana y la muerte…

El Coqui, la guerra urbana y la muerte…

Desde los últimos días de 2020, circulaba la información sobre la banda de El Coqui en el barrio Cota 905 y se veía como uno de los grupos criminales más grandes de Caracas que estaba tratando de expandirse hacia al barrio de La Vega de manera que ya el 29 de diciembre, la gente de El Coqui había montado una especie de garita desde donde se aplicaba una especie de “toque de queda”. En enero este año 2021, se produjo un enfrentamiento entre las bandas criminales armadas y las fuerzas de seguridad  del narcoestado en el distrito de La Vega, batalla  ésta que se intensificaría cuando en las primeras horas del 8 de enero, las FAES y otras unidades de la policía venezolana lanzaron una ocupación a gran escala del barrio dejando al menos 24 muertos y el temor de que los choques continúen por el reclamo de nuevos territorios de parte de la banda de El Coqui.

Solo una semana después, el 28 de enero, Los Laureles fue el escenario de otra batalla esta vez entre presuntos miembros de la banda de El Coqui y la Policía Nacional cuando la gente de El Coqui emboscó a varios policías que ingresaron a Los Laureles. Esto desató otro tiroteo que terminó pasando al vecino barrio de El Paraíso y se extendió al menos por cinco horas. Yerikson José García Duarte, un carpintero de 32 años, quien fue baleado en la calle cuando departía con amigos. Raúl Antonio Lira Sánchez, un mecánico de 25 años, fue asesinado a tiros mientras se transportaba en moto.  A Jonathan Useche, de 17 años, agentes de las FAES se lo llevaban con una capucha en la cabeza y su cuerpo fue encontrado más tarde en una morgue. También informaron que varias personas habían sido asesinadas dentro de sus casas.

Marino Alvarado, coordinador de investigación del Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (PROVEA), corroboró que la mayoría de los muertos fueron transeúntes inocentes ejecutados por la policía. Una de las fuentes confirmó que un miembro de su familia fue baleado después de que las FAES entraron a su casa por la fuerza. Algunas personas de La Vega estaban agradecidas por la intervención de la policía contra El Coqui, mientras que otras tenían más miedo de las FAES, que por mucho tiempo han estado asociadas a supuestas ejecuciones extrajudiciales en barrios de clase trabajadora.

Notitia criminis es la noticia criminal, una manera indirecta de cómo un funcionario de instrucción se entera de que se ha cometido un hecho que choca con la ley, y que éste además, puede ser calificado como delito, cuyo daño público deberían salvaguardar, pero en general los funcionarios se enteran a posteriori cuando ya los hechos irreversibles se han producido.

La figura central de todos estos sucesos que he venido relatando y que son notitia criminis es Carlos Luis Revete, alias “El Coqui”. Revete goza de impunidad. El pacto de no agresión al que llegó con las autoridades venezolanas demuestra la abdicación casi total del Estado en los barrios marginados controlados por las megabandas criminales. Él es “El Coqui”-“el que tiene el poder”- en el distrito Cota 905 y se apoya en un acuerdo de las mal llamadas “zonas de paz” que haría con “las autoridades” vigente al menos desde el año 2017, quienes en general aceptaron que no lo molestarán mientras él mantenga la tranquilidad en su “zona”... La prohibición de los secuestros fue una de las condiciones descaradas para el acuerdo de “zona de paz” de El Coqui con las fuerzas de seguridad, aunque el grupo hizo varios intentos fallidos de secuestro en 2020, que por lo general terminaron en tiroteos.

Gracias al vergonzante acuerdo tácito de las llamadas “zonas de paz”, y alentada por las restricciones internas al ingreso de la policía al distrito, la banda de El Coqui  ha consolidado su control sobre las actividades criminales dentro de Cota 905 y en sus alrededores. Desde entonces, la banda de El Coqui ha llamado ocasionalmente la atención de las fuerzas de seguridad, pero la policía sabía que tenía que dejar de perseguir a los miembros de la organización más allá de las fronteras de Cota 905.

En este blog (lapesteloca) en el mes de mayo del año 2015 reproduje un artículo de un conocido abogado del Centro de Investigaciones Jurídicas de la UCAB​, miembro   fundador de VIVE (Víctimas Venezolanas de Violaciones a los Derechos Humanos) y director nacional desde 2004 de la ONG Foro Penal. El trabajo de Gonzalo Himiob Santomé se intitulaba interrogando: “¿Zonas de paz?” y fue publicado en Runrunes.

Decía Gonzalo Himiob que: …“la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es … fundamentalmente antropocéntrica … nuestro modelo de Estado el poder se ha articulado, formalmente, para la protección del individuo, de los seres humanos … Pero veo con mucha preocupación que, de manera absolutamente inconsulta, desde el 2013, como parte de estos peligrosísimos experimentos a los que lamentablemente ya nos tienen tan acostumbrados nuestros gobernantes, propios de personas que, se nota, en su vida han leído ni una línea sobre criminología o sobre política criminal, se ha decidido crear unas supuestas “Zonas de Paz”, en las que el poder ha decidido dejar de ser poder, renunciando a su potestad punitiva y violando con ello sus deberes esenciales de “defensa de la persona” y del respeto a nuestra dignidad. En la jugada los únicos que han salido ganando, como era de esperarse, son los delincuentes”. 

El trabajo de Gonzalo Himiob Santomé continuaba señalando que: “En estas “Zonas de Paz”, distribuidas a lo largo de todo el territorio nacional, la vigilancia policial no existe. De hecho, los funcionarios del CICPC están obligados a informar a la Sala Situacional de su institución, y deben hasta “pedir permiso” si desean entrar a algunas de estas “Zonas de Paz”. Lo mismo ocurre con otros cuerpos de seguridad. Eso no se ve en ninguna parte del mundo, ni en Cuba”.

Una frase muy vieja del refranero popular español dice “de aquellos polvos vienen estos lodos”, y se cumple; pero más triste ha resultado saber esta misma semana como 36 militares venezolanos murieron masacrados por 300 narcoguerrilleros, porque los jefes militares del narcoestado decidieron no bombardear los campamentos de la guerrilla en el Estado Apure -sus razones tendrían- antes de enviar una avanzada y dejaron desamparados a sus hombres quienes abandonados a su suerte, terminarían todos muertos con sus cadáveres mutilados o decapitados como el del sargento Andy Miranda, mientras “las redes” le mostraban al país, a un cura dándole la comunión al jefe Padrino López…

Maracaibo, domingo 2 de mayo del año 2021