Las desapariciones forzadas tienen una larga y
dolorosa historia en Latinoamérica. El término “desaparecido” se convirtió en
sinónimo de represión política entre 1976 y 1983 en Argentina, cuando una
dictadura militar secuestró hasta 30.000 personas acusadas de disidencia, las
torturó y, en cientos de casos, las arrojó al mar desde aviones. En toda
Latinoamérica, cientos de miles de personas desaparecidas
desde la década de 1970 fueron llevadas a centros de detención secretos,
torturadas y ejecutadas. Muchos de sus cuerpos nunca fueron encontrados.
Hay países de la región donde esta práctica
sigue produciéndose, aunque con mayor frecuencia perpetrada por bandas o
cárteles con el consentimiento de la policía local o los alcaldes. El caso de
Venezuela donde todavía existen numerosos presos políticos y muchos militares
en prisiones o desaparecidos como parte de lo sucedido durante el gobierno
dictatorial de Maduro esta hoy día a la prensa de todo el mundo.
En una tónica similar, se encuentra el “gobierno autoritario de Nicaragua” desde hace tiempo que ha empezado a detener a disidentes sin revelar su paradero ni reconocer su detención.
Como una muestra, una noche de enero, la policía llegó a la casa de José Alejandro Hurtado, en la capital de Nicaragua, y le dijo que tenía que acudir a la estación porque alguien había alquilado un coche utilizando su identificación. Fue la última vez que se le vio. Hurtado, de 57 años, ingeniero informático y activista político desde hace mucho tiempo, es una de las casi tres decenas de personas que, según grupos de derechos humanos, han sido desaparecidas a manos de las autoridades nicaragüenses, arrebatadas sin que los funcionarios reconozcan su detención ni revelen su paradero.El 25 de agosto, el cuerpo de Mauricio A. Petri,
quien había sido detenido 38 días antes junto con su esposa y su hijo como
parte de un golpe contra miembros de una iglesia perseguida por el gobierno (es
una de las características de esta nueva-autocrática -dictadura), fue entregado
a su familia. Las autoridades citaron a los familiares en la oficina de un
forense y los escoltaron hasta un cementerio para enterrar a Petri sin darles
la oportunidad de realizar una autopsia, según grupos de derechos humanos.
El cuerpo de Carlos Cárdenas Cepeda, abogado de
la Iglesia Católica que sigue siendo objeto de ataques por parte del gobierno,
fue devuelto a su familia cuatro días después.
Llevaba 15 días detenido. No se facilitó la causa de la muerte en
ninguno de los dos casos, y el gobierno no se ha pronunciado públicamente al
respecto. Estas muertes han alarmado a las familias de los demás detenidos
sobre quienes las autoridades no han revelado nada.
De esos 33 detenidos desaparecidos, al menos una
decena tienen más de 60 años, y varios, como sucedería con los presos políticos
venezolanos, padecen diabetes e hipertensión. Uno de los detenidos
desaparecidos en Nicaragua tiene 81 años. Los agentes de policía que se
presentaron sin orden judicial para detener a Hurtado y registrar su domicilio
en Managua sugirieron cinco estaciones de policía donde la familia podría
encontrarlo más tarde. Entre los desaparecidos hay
dirigentes comunitarios, maestros, líderes indígenas, periodistas y pastores.
En al menos cinco casos, se detuvo a varias personas de una misma familia.
Muchos fueron detenidos durante el verano, cuando más de 50 personas fueron
arrestadas en redadas simultáneas.
Todas estas “desapariciones” constituyen una violación
del derecho internacional y tienen especial resonancia en estos días cuando
esta práctica ha sido un sello distintivo de dictaduras recién tambaleantes, o
en “supuestos” regímenes provisionales como es comentado a propósito de la situación
venezolana. Lo que sucede en Nicaragua, ya todos lo conocen y es cómo
sucedieron los hechos durante el gobierno de Maduro en Venezuela… Aún no
termina de aclarase el panorama y como señalábamos, destacan las noticias desde
Nicaragua en los últimos dos años y más recientemente se han incrementado.
Las autoridades están obligadas por el derecho
internacional a informar a los familiares si tienen detenido a alguien, dijo Bárbara
Frey, profesora jubilada de la Universidad de Minnesota que coeditó un libro sobre las desapariciones en la
América Latina contemporánea. “Si el Estado se los ha llevado y no dice a las familias
dónde están, eso es una desaparición y eso es exactamente lo que dice la
definición”. Este término “desaparición-forzada” se había aplicado
históricamente a las personas desaparecidas durante periodos prolongados, dijo
recientemente Reed Brody, miembro del Grupo de Expertos en Derechos Humanos,
refiriéndose a Nicaragua desde las Naciones Unidas. Pero las autoridades
internacionales han reconocido cada vez más que también se aplica incluso a las
detenciones secretas de corta duración.
Brody dijo que se creía
que los 33 casos documentados en Nicaragua eran un recuento muy por debajo del
real porque muchas familias tienen demasiado miedo para presentar una
denuncia ante organizaciones de derechos humanos. Entre
los desaparecidos hay dirigentes comunitarios, maestros, líderes indígenas,
periodistas, curas y pastores. En al menos cinco casos, se detuvo a varias
personas de una misma familia. Muchos fueron detenidos durante el verano,
cuando más de 50 personas fueron arrestadas en redadas simultáneas.
Las familias han denunciado haber sido hostigadas y
amenazadas con ser detenidas o con la confiscación
de sus bienes si persisten en su intento de
localizar a sus seres queridos; esto dijeron los expertos en derechos humanos. ¿Qué sucederá en Venezuela después de “la extracción
de Maduro” del poder? Eses sigue siendo un interrogante ya que el gobierno de
los Estados Unidos dice estar controlando el poder, pero los dirigentes son los
mismos que formaron parte del sistema dictatorial que venía rigiendo desde que
se inició este Siglo XXI. El país en su mayoría espera angustiado una
definición a corto plazo.
En Maracaibo, el jueves 23 de abril del año 2026