Violaciones
en el
Arco Minero
Florantonia Singer el 19 julio y Gioconda Cunto de San Blas anteayer 23 de julio, 2020, se
han referido a el Arco Minero de Venezuela y a las repetidas violaciones de
todo orden que han puesto de manifiesto cómo se abusa irrespetando los derechos
de las comunidades indígenas al facilitar la extracción de minerales, hasta un
extremo tal que
pocos días atrás las Academias Nacionales, hicieron un pronunciamiento conjunto, para denunciar
la gravísima situación de ilegitimidad e inconstitucionalidad, de las múltiples
veces demandada por organismos diversos, mostrando la ilegalidad que rodea a la
actividad minera, criminalmente desplegada en los estados Amazonas y Bolívar,
principalmente en el denominado “Arco Minero del Orinoco”.
“No pasa nada”
es el ya conocido corolario que resuena ante las innumerables fechorías de este
régimen que le ha entregado las riquezas naturales del país a extranjeros y a
los grupos narcocriminales que hacen y deshacen a sus anchas en el territorio
nacional. El
presidente de la Asociación Kapé Kapé, que lucha por los derechos de las comunidades
indígenas de los territorios explotados ha informado sobre las ciento noventa y
siete comunidades ubicadas dentro del Arco Minero del Orinoco, que ocupa el 12%
del territorio nacional, donde, desde hace cuatro años el régimen habilitó para
su el aprovechamiento económico, una zona que se ha convertido en escenario de
graves violaciones de derechos humanos, descritos por la Alta Comisionada de Naciones
Unidas, Michelle Bachelet.
La zona
descrita es uno de los municipios mineros con la tasa de homicidios más alta
del país, -84 asesinatos por cada 100.000
habitantes, según el
Observatorio Venezolano de Violencia-. Al resaltar las violaciones a los
derechos constitucionales de los pueblos indígenas y los daños con frecuencia
irreversibles a la salud -contaminación tóxica con mercurio y cianuro, e
incremento en áreas potenciales de transmisión de enfermedades emergentes
(covid-19) y reemergentes como la malaria, el sarampión y la tuberculosis- se
destaca la manera incontrolada como se da el hostigamiento, las persecuciones,
y las desapariciones de familias enteras, torturas, abuso sexual, el trabajo
infantil, la migración forzada, maltratos y masacres que son acciones sin
control y de ocurrencia diaria en la región.
La
reciente Resolución Nº 0010 del Ministerio del Poder Popular del Desarrollo
Minero Ecológico, (8/4/2020, Gaceta Oficial No. 6.526 Extraordinario),
publicada en medio de la conveniente cuarentena decretada por la pandemia del
coronavirus, determina –in extenso-las áreas en las cuales se podrá ejecutar la
extracción fluvial de oro y de diamantes y su procesamiento en el marco del
Arco Minero del Orinoco. Esta resolución afecta aproximadamente 700 km de ríos
al sur de Venezuela en un área directa de 254 Km2 desde las
riberas de los ríos Cuchivero, Caura, Aro, Caroní, afluentes del río Orinoco, y
de los ríos Cuyuní y Yuruari, cuyas aguas fluyen al río Esequibo.
Las
graves e irreversibles violaciones de DDHH fundamentales a la dignidad de los
venezolanos denunciadas ante el Consejo de DDHH por la Alta Comisionada de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la Naciones Unidas (Acnudh) quien
en su Informe de este mismo mes de Julio, 2020, señalaba que: “la
minería afecta el derecho a la autonomía y autodeterminación de algunos pueblos
indígenas…es un factor perturbador de sus formas de vida tradicionales y afecta
su capacidad para mantener una relación espiritual con sus territorios”.
Declaraciones que supuestamente le obliga
decir que…“al Acnudh le inquieta profundamente la falta de consentimiento libre,
previo e informado con respecto al establecimiento del Arco Minero del Orinoco
en sus territorios tradicionales”. ¡Eso es todo! Le inquieta…
Felix Oliveros, uno de los
socios que formó parte en 2016 de la apertura del Arco Minero y que involucró
empresas como Faoz Corp, Ecomine, Camimpeg, Gold Reserve y Supracal, aseguró
para un reportaje publicado por Venezuelausa.org
en julio del 2019, que todo el negocio del oro se lo llevó este clan de
Nicolasito, Oliveros aseguró que la parte operativa de los negocios del oro
para el exterior era manejada por Ricardo Morón con enlace directo a través de
Alex Saab, el hombre de Maduro en otro negocio turbio como son las cajas CLAP
que administra el hambre y la miseria en Venezuela. Los Morón son Santiago José
Morón Hernández y Ricardo José Morón Hernández, los testaferros de “Nicolasito”
Maduro Guerra y su padre, Nicolás Maduro y sus aliados más cercanos con toda
una red que se encuentra ubicada en lujosos complejos residenciales en la
ciudad de Doral al sur de la Florida.
El
maltrato ecológico a la región del Arco Minero no será fácil de revertir. Sus
suelos delicados, sus ríos envenenados, el daño a la cultura y a la vida de los
pueblos que allí habitan suman delitos contra DDHH de todo tipo que tendrán que
ser reparados algún día, más pronto que tarde, cuando la institucionalidad
retorne al país. El Estado venezolano es cómplice de las prácticas de un modelo
económico extractivo, violatorio de las leyes ambientales y contrario a la
supuesta protección ecológica y desarrollo sustentable contemplados en la
Constitución, esa misma Constitución que fue aprobada en 1999 y que durante
años ha sido promocionada por el régimen como “la mejor constitución del
mundo”… “Quien tenga oídos que oiga”
Maracaibo,
miércoles 29 de julio, 2020
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