Las desapariciones forzadas

Las desapariciones forzadas tienen una larga y dolorosa historia en Latinoamérica. El término “desaparecido” se convirtió en sinónimo de represión política entre 1976 y 1983 en Argentina, cuando una dictadura militar secuestró hasta 30.000 personas acusadas de disidencia, las torturó y, en cientos de casos, las arrojó al mar desde aviones. En toda Latinoamérica, cientos de miles de personas desaparecidas desde la década de 1970 fueron llevadas a centros de detención secretos, torturadas y ejecutadas. Muchos de sus cuerpos nunca fueron encontrados.

Hay países de la región donde esta práctica sigue produciéndose, aunque con mayor frecuencia perpetrada por bandas o cárteles con el consentimiento de la policía local o los alcaldes. El caso de Venezuela donde todavía existen numerosos presos políticos y muchos militares en prisiones o desaparecidos como parte de lo sucedido durante el gobierno dictatorial de Maduro esta hoy día a la prensa de todo el mundo.

El tema es controversial hoy día en este país ya que estando el gobierno aún bajo la egida de los mismos personajes que controlaban el poder y han venido haciéndolo desde la época de Chávez- lo que significa más de un cuarto de este siglo XXI-, el tema de “la extracción de Maduro” y su asiento “en una cárcel federal” de los Estados Unidos, no ha sido suficiente para que la mayoría de los ciudadanos, dentro y fuera del país, se perciba sintiendo seguridad jurídica enrumbada hacia un futuro democrático, mientras cientos de prisioneros políticos y militares, aún siguen presos.

En una tónica similar, se encuentra el “gobierno autoritario de Nicaragua” desde hace tiempo que ha empezado a detener a disidentes sin revelar su paradero ni reconocer su detención.

Como una muestra, una noche de enero, la policía llegó a la casa de José Alejandro Hurtado, en la capital de Nicaragua, y le dijo que tenía que acudir a la estación porque alguien había alquilado un coche utilizando su identificación. Fue la última vez que se le vio. Hurtado, de 57 años, ingeniero informático y activista político desde hace mucho tiempo, es una de las casi tres decenas de personas que, según grupos de derechos humanos, han sido desaparecidas a manos de las autoridades nicaragüenses, arrebatadas sin que los funcionarios reconozcan su detención ni revelen su paradero. 

El 25 de agosto, el cuerpo de Mauricio A. Petri, quien había sido detenido 38 días antes junto con su esposa y su hijo como parte de un golpe contra miembros de una iglesia perseguida por el gobierno (es una de las características de esta nueva-autocrática -dictadura), fue entregado a su familia. Las autoridades citaron a los familiares en la oficina de un forense y los escoltaron hasta un cementerio para enterrar a Petri sin darles la oportunidad de realizar una autopsia, según grupos de derechos humanos.

El cuerpo de Carlos Cárdenas Cepeda, abogado de la Iglesia Católica que sigue siendo objeto de ataques por parte del gobierno, fue devuelto a su familia cuatro días después.  Llevaba 15 días detenido. No se facilitó la causa de la muerte en ninguno de los dos casos, y el gobierno no se ha pronunciado públicamente al respecto. Estas muertes han alarmado a las familias de los demás detenidos sobre quienes las autoridades no han revelado nada.

De esos 33 detenidos desaparecidos, al menos una decena tienen más de 60 años, y varios, como sucedería con los presos políticos venezolanos, padecen diabetes e hipertensión. Uno de los detenidos desaparecidos en Nicaragua tiene 81 años. Los agentes de policía que se presentaron sin orden judicial para detener a Hurtado y registrar su domicilio en Managua sugirieron cinco estaciones de policía donde la familia podría encontrarlo más tarde. Entre los desaparecidos hay dirigentes comunitarios, maestros, líderes indígenas, periodistas y pastores. En al menos cinco casos, se detuvo a varias personas de una misma familia. Muchos fueron detenidos durante el verano, cuando más de 50 personas fueron arrestadas en redadas simultáneas.

 

Todas estas “desapariciones” constituyen una violación del derecho internacional y tienen especial resonancia en estos días cuando esta práctica ha sido un sello distintivo de dictaduras recién tambaleantes, o en “supuestos” regímenes provisionales como es comentado a propósito de la situación venezolana. Lo que sucede en Nicaragua, ya todos lo conocen y es cómo sucedieron los hechos durante el gobierno de Maduro en Venezuela… Aún no termina de aclarase el panorama y como señalábamos, destacan las noticias desde Nicaragua en los últimos dos años y más recientemente se han incrementado.

 

Las autoridades están obligadas por el derecho internacional a informar a los familiares si tienen detenido a alguien, dijo Bárbara Frey, profesora jubilada de la Universidad de Minnesota que coeditó un libro sobre las desapariciones en la América Latina contemporánea. “Si el Estado se los ha llevado y no dice a las familias dónde están, eso es una desaparición y eso es exactamente lo que dice la definición”.  Este término “desaparición-forzada” se había aplicado históricamente a las personas desaparecidas durante periodos prolongados, dijo recientemente Reed Brody, miembro del Grupo de Expertos en Derechos Humanos, refiriéndose a Nicaragua desde las Naciones Unidas. Pero las autoridades internacionales han reconocido cada vez más que también se aplica incluso a las detenciones secretas de corta duración.

 

Brody dijo que se creía que los 33 casos documentados en Nicaragua eran un recuento muy por debajo del real porque muchas familias tienen demasiado miedo para presentar una denuncia ante organizaciones de derechos humanos. Entre los desaparecidos hay dirigentes comunitarios, maestros, líderes indígenas, periodistas, curas y pastores. En al menos cinco casos, se detuvo a varias personas de una misma familia. Muchos fueron detenidos durante el verano, cuando más de 50 personas fueron arrestadas en redadas simultáneas.

 

Las familias han denunciado haber sido hostigadas y amenazadas con ser detenidas o con la confiscación de sus bienes si persisten en su intento de localizar a sus seres queridos; esto dijeron los expertos en derechos humanos. ¿Qué sucederá en Venezuela después de “la extracción de Maduro” del poder? Eses sigue siendo un interrogante ya que el gobierno de los Estados Unidos dice estar controlando el poder, pero los dirigentes son los mismos que formaron parte del sistema dictatorial que venía rigiendo desde que se inició este Siglo XXI. El país en su mayoría espera angustiado una definición a corto plazo.

 

En Maracaibo, el jueves 23 de abril del año 2026