Oro en las fronteras
El Plan Colombia junto con la masiva destrucción de
los cultivos y los laboratorios de coca, en los años de la lucha del presidente
Álvaro Uribe, fue un factor determinante para que se produjese una
diversificación de las inversiones guerrilleras. Para las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC) el oro, que representa el 20% de sus
ingresos ha sido de capital importancia y durante años han venido siendo
registradas múltiples alianzas de estas organizaciones guerrilleras con grupos
criminales que hacen vida en las comunidades mineras, sin que sea necesario
mantener constantemente una presencia en el terreno.
En un reciente trabajo, del 26
marzo 2020, Alicia
Moncada, investigadora
de origen wayúu, y profesora de la Universidad Central de Venezuela quien es
integrante de organizaciones de mujeres indígenas de la Amazonía y la Guajira
colombo-venezolana, ha revisado la
documentación que existe sobre las FARC en las minería desde el año 2013, en el
estado Amazonas de Venezuela, y en particular en los municipios Autana y
Atabapo.
Desde el año 2013, un grupo de representantes de
organizaciones indígenas agrupados bajo la Coordinadora de Organizaciones
Indígenas de Amazonas, hicieron públicos varios comunicados que
mencionan a los “grupos irregulares” en las márgenes del río Orinoco. Ya
en el 2013, la Organización de Piaroas Unidos del Sipapo del municipio Autana
entregó a la Defensoría del Pueblo, al Ministerio de Interior y Justicia, y a
la Presidencia y Vicepresidencia de la República, denuncias y copias de las invitaciones firmadas por la
FARC-EP convocando a los indígenas para dialogar sobre “la convivencia” con el
grupo armado. El gobierno nacional se mantuvo silencioso frente a las denuncias
los indígenas, y “la defensora del pueblo” Gabriela del Mar Ramírez, denominó a
los grupos armados como “paramilitares” mientras los indígenas fueron muy
claros al indicar que los “irregulares” se identificaban como integrantes de
las guerrillas colombianas.
Desde ese entonces, los actores armados han
incrementado su poder de acción en Autana y han logrado desarticular a las
organizaciones indígenas que los denunciaban. Ahora, ya es común que
integrantes de las guerrillas busquen a las jóvenes indígenas tanto para la
cohabitación en los campamentos como para el intercambio de sexo por comida y
gasolina y su control sobre el tráfico de mujeres para la explotación
sexual en las minas ha sido registrado por organizaciones de mujeres indígenas.
Otra de las realidades es el reclutamiento de las y los jóvenes uwöttuja, para
incorporarlas en las filas guerrilleras.
La fiebre guerrillera del oro en el del Parque
Nacional Yapacana, ha sido obra de integrantes del “Frente financiero Acacio
Medina” de las FARC estructuralmente vinculado al narcotráfico y bajo el mando
de Géner Molina(“John 40”). En el Yapacana que es el lugar de depredación de
Miguel Díaz Sanmartin, mejor conocido como “Julián Chollo”, conocido ya que
perteneció a los frentes Jacobo Arenas (Frente 40), Acacio Medina (Frente 43) y
fue cuarto jefe del Frente 16 de las FARC. El control de estos miembros de las
FARC sobre el Yapacana se relaciona con el corredor de la cocaína de los
laboratorios del Guaviare en el que por décadas trabajó Julián Chollo, quien
además desde el 2016 se reporta como un aliado al Clan del Golfo.
Quienes mandan controlados por el G2 cubano en el
gobierno venezolano, tienen conocimiento detallado de la minería en el Yapacana
y de las evidencias demostrativas de una devastación sin precedentes, sin
que ello parezca importarles. De esta manera el Yapacana es el parque nacional
con mayor área de afectación medioambiental por actividades extractivas en
Venezuela. Por otra parte, son bien conocidos los numerosos reportajes de la
prensa colombiana donde se han reseñado testimonios sobre la estrecha relación
entre los guerrilleros de las FARC, el ELN y las fuerzas armadas venezolanas.
La profunda corrupción y el desmantelamiento del
Estado de derecho que se ha venido fomentando en el país durante los 21 años
del proceso mal llamado bolivariano, ha amparado las numerosas alianzas
generadas entre las fuerzas militares venezolanas fronterizas y los actores
armados del conflicto colombiano para los negocios del narcotráfico. Los
procesos de resistencia civil indígena y campesina, en su mayoría liderados por
mujeres, necesariamente necesitan ser apoyados por la sociedad civil, que pese
a grandes dificultades, ha venido sosteniendo la vanguardia de la lucha por la
defensa de la autodeterminación indígena frente a la expansión criminal de los
poderosos intrusos extranjeros depredadores de la nación venezolana.
Maracaibo, miércoles 1 de abril, del 2020
