Oro en las fronteras

Oro en las fronteras

El Plan Colombia junto con la masiva destrucción de los cultivos y los laboratorios de coca, en los años de la lucha del presidente Álvaro Uribe, fue un factor determinante para que se produjese una diversificación de las inversiones guerrilleras. Para las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) el oro, que representa el 20% de sus ingresos ha sido de capital importancia  y durante años han venido siendo registradas múltiples alianzas de estas organizaciones guerrilleras con grupos criminales que hacen vida en las comunidades mineras, sin que sea necesario mantener constantemente una presencia en el terreno. 

En un reciente trabajo, del 26 marzo 2020, Alicia Moncada, investigadora de origen wayúu, y profesora de la Universidad Central de Venezuela quien es integrante de organizaciones de mujeres indígenas de la Amazonía y la Guajira colombo-venezolana, ha revisado la documentación que existe sobre las FARC en las minería desde el año 2013, en el estado Amazonas de Venezuela, y en particular en los municipios Autana y Atabapo.

Desde el año 2013, un grupo de representantes de organizaciones indígenas agrupados bajo la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de Amazonas, hicieron públicos varios comunicados  que  mencionan a los “grupos irregulares” en las márgenes del río Orinoco. Ya en el 2013, la Organización de Piaroas Unidos del Sipapo del municipio Autana entregó a la Defensoría del Pueblo, al Ministerio de Interior y Justicia, y a la Presidencia y Vicepresidencia de la República, denuncias  y copias de las invitaciones firmadas por la FARC-EP convocando a los indígenas para dialogar sobre “la convivencia” con el grupo armado. El gobierno nacional se mantuvo silencioso frente a las denuncias los indígenas, y “la defensora del pueblo” Gabriela del Mar Ramírez, denominó a los grupos armados como “paramilitares” mientras los indígenas fueron muy claros al indicar que los “irregulares” se identificaban como integrantes de las guerrillas colombianas. 

Desde ese entonces, los actores armados han incrementado su poder de acción en Autana y han logrado desarticular a las organizaciones indígenas que los denunciaban. Ahora, ya es común que integrantes de las guerrillas busquen a las jóvenes indígenas tanto para la cohabitación en los campamentos como para el intercambio de sexo por comida y gasolina  y su control sobre el tráfico de mujeres para la explotación sexual en las minas ha sido registrado por organizaciones de mujeres indígenas. Otra de las realidades es el reclutamiento de las y los jóvenes uwöttuja, para incorporarlas en las filas guerrilleras.

 

La fiebre guerrillera del oro en el del Parque Nacional Yapacana, ha sido obra de integrantes del “Frente financiero Acacio Medina” de las FARC estructuralmente vinculado al narcotráfico y bajo el mando de Géner Molina(“John 40”). En el Yapacana que es el lugar de depredación de Miguel Díaz Sanmartin, mejor conocido como “Julián Chollo”, conocido ya que perteneció a los frentes Jacobo Arenas (Frente 40), Acacio Medina (Frente 43) y fue cuarto jefe del Frente 16 de las FARC. El control de estos miembros de las FARC sobre el Yapacana se relaciona con el corredor de la cocaína de los laboratorios del Guaviare en el que por décadas trabajó Julián Chollo, quien además desde el 2016 se reporta como un aliado al Clan del Golfo.

Quienes mandan controlados por el G2 cubano en el gobierno venezolano, tienen conocimiento detallado de la minería en el Yapacana y de las evidencias demostrativas de una devastación sin precedentes, sin que ello parezca importarles. De esta manera el Yapacana es el parque nacional con mayor área de afectación medioambiental por actividades extractivas en Venezuela. Por otra parte, son bien conocidos los numerosos reportajes de la prensa colombiana donde se han reseñado testimonios sobre la estrecha relación entre los guerrilleros de las FARC, el ELN y las fuerzas armadas venezolanas.

La profunda corrupción y el desmantelamiento del Estado de derecho que se ha venido fomentando en el país durante los 21 años del proceso mal llamado bolivariano, ha amparado las numerosas alianzas generadas entre las fuerzas militares venezolanas fronterizas y los actores armados del conflicto colombiano para los negocios del narcotráfico. Los procesos de resistencia civil indígena y campesina, en su mayoría liderados por mujeres, necesariamente necesitan ser apoyados por la sociedad civil, que pese a grandes dificultades, ha venido sosteniendo la vanguardia de la lucha por la defensa de la autodeterminación indígena frente a la expansión criminal de los poderosos intrusos extranjeros depredadores de la nación venezolana.

Maracaibo, miércoles 1 de abril, del 2020