Torturas y Covid-19

Torturas y Covid-19

La llegada del COVID 19 le dio una excusa el régimen venezolano para que la violencia carcelaria fuera más brutal. Así lo destacaba Infobae entrevistando a las esposas y madres de los presos que se encuentran en los sótanos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). “Esta angustia de no saber es la peor de las torturas”, confiesa una mujer cuyo marido está desde hace más de dos años en los sótanos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. “Para nosotros es peor, porque demostramos que somos más fuertes, tenemos que soportar las amenazas y las humillaciones como si las aceptáramos”: también lo ha revelado a Infobae el padre de uno de los detenidos.

La esposa de un oficial preso reveló igualmente: “Ninguna persona tiene confianza en los tribunales ni en la fiscalía militar, y mucho menos en la Corte Marcial. Violan la Ley, violentan los derechos de nuestros familiares, se burlan de nuestros reclamos, no permiten el acceso a los expedientes sino cuando quieren y en las condiciones que colocan. No todos pueden hacerlo”. Hay pruebas de torturas contra los detenidos en el Dgcim, y hay familiares que no saben absolutamente nada de los detenidos por el caso de la Operación Gedeón. Leonardo David Chirinos Parra, funcionario de la Dgcim quien estaba detenido desde semanas antes, está desaparecido. A su hermano Leandro Leomar lo capturaron en el marco de la Operación y aparece en un video dándole una demostración de dignidad a un general.

La madre de los Chirinos, Marisela Parra denunció el secuestro de sus hijos, exigiendo fe de vida, según ha publicado en su cuenta twitter, donde ella informó que Leonardo la llamó el 21 de abril para decirle que lo habían detenido y lo estaban torturando para que diera el teléfono de su hermano Leandro Leomar. Después  sería presentado ante los tribunales sin que hasta ahora se sepa nada de su caso, desde cuando tenía 54 días sin comunicación y sin habérsele permitido visitas familiares ni de abogados, ni siquiera llamadas telefónicas.

La desaparición del teniente coronel (Ej) Igber Marín Chaparro tiene a sus familiares en situación de alarma. “Ellos no saben si él está vivo o muerto”, dice la esposa de un militar que acude a la Dgcim a llevar medicamentos que le pidieron para la tensión de su esposo. “La mayoría de nuestros familiares han llamado dos o tres veces en los últimos meses, pero la familia de Marín no ha recibido ni una llamada telefónica. No les reciben agua ni alimentos”. El teniente coronel (Ej) Marín Chaparro quien era uno de los más destacados en el Ejército, desde que fue detenido en marzo 2018, ha sido muchas veces aislado, y recluido en los llamados tigritos y en el “cuarto de los locos”; ha permanecido incomunicado durante meses, sin visita de sus padres, su esposa o sus hijos que son unos niños muy pequeños.

Las torturas contra muchos militares son físicas, dejando graves lesiones en ellos. “Lo peor son las psicológicas, los intentos de suicidio que varios de nuestros familiares han intentado en esos sótanos asquerosos. Si es terrible para quienes estamos afuera, cómo será de cruel para ellos. Cada vez que me acerco a ese lugar, lo hago con miedo, con angustia y eso ha sido día tras día desde que a mi esposo lo detuvieron. A él lo mencionó ese coronel García Palomo, no sé por qué le hizo esa maldad a mi esposo con quien ni siquiera tenía relación”, dice una joven mujer, y una anciana narra que lo vivido en ese lugar ha sido humillante. “Ni siquiera porque soy una vieja, han respetado mi cuerpo ni mi pudor. Pobrecitas las más jóvenes que han debido soportar los abusos de algunas funcionarias femeninas que les gusta manosear a las mujeres. Ahí no hay respeto”.

En Venezuela fueron detectados cuatro casos de coronavirus en funcionarios policiales que brindan servicio en El Helicoide, el edificio en cuyo sótano se encuentra una de las cárceles más férreas donde la dictadura chavista suele encerrar y torturar a sus enemigos políticos. Los pacientes que dieron positivo son miembros de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Los funcionarios infectados son tres mujeres y un hombre, pertenecientes a la brigada motorizada en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, quienes estuvieron presentando los síntomas del coronavirus (Covid-19). Expertos se dirigieron al lugar para hacerles las pruebas. “Están asustados, no quieren que se sepa”, informaron fuentes cercanas al centro de reclusión de la policía política a periodistas del diario El Nacional.

Desde que se empezaron a registrar los primeros casos de coronavirus en Venezuela, familiares de los presos políticos solicitaron que se les otorgara la liberación inmediata, como medida humanitaria. Recordaron que los centros de detención no están en condiciones de evitar que los prisioneros se contagien del virus, además, por las condiciones de reclusión sería muy propenso que la pandemia pueda replicarse rápidamente entre los privados de libertad y el personal que allí opera. En las cárceles destinadas a los más de 300 presos políticos civiles y militares, las personas se encuentran hacinados en celdas de 2 x 2, sin agua para bañarse o tomar. Los familiares recordaron que se encuentran con las defensas bajas, debido a la mala alimentación y a la falta de sol.“Todas estas deplorables condiciones ponen en riesgo mortal la vida de los presos políticos”. Los familiares tienen que llevar incluso el agua que los presos políticos usan para bañarse ya que los funcionarios solo permiten el aseo personal dos veces por semana, pero la única medida especial conocida que han tomado en los centros de reclusión ante la pandemia es la suspensión de visitas. Esta prohibición preocupa a los familiares de los presos políticos y comunes porque les impiden llevarles la comida, el agua y los insumos de higiene personal que no garantiza el Estado venezolano.

El partido político Voluntad Popular, publicó un mensaje en su cuenta de la red social Twitter en el que indicaron: “Alertamos a Venezuela y al mundo sobre el peligro que corren nuestros presos políticos al confirmarse 4 funcionarios contagiados en El Helicoide. Nuestros hermanos, Luis Navas, Roberto Marrero y el dip. Juan Requesens, se encuentran en ese centro de reclusión”, indiicaron. Los médicos del Sebin le diagnosticaron a Juan Requesens, una infección respiratoria y recomendaron su traslado a la sede de la policía política en Plaza Venezuela, una medida que no ha sido materializada. “Señalamos que es diputado y debe estar en resguardo, pero la jueza Hennit Carolina López no se ha pronunciado al respecto”, indicó el abogado del parlamentario, destacando que la medida se fundamenta en el artículo 43 de la Constitución que protege el derecho a la vida y el 242 del Código Orgánico Procesal Penal que establece medidas cautelares sustitutivas de libertad.

Roberto Marrero, exjefe del despacho del Presidente interino Juan Guaidó, es asmático crónico. Sus días los pasa en una celda de 2×2 completamente aislado, un método de tortura psicológica como ha establecido la Organización de Naciones Unidas (ONU). Marrero se encuentra aislado en una celda de 2×2 sin ventilación, eso produce humedad y le va a afectar indudablemente. Los expertos dicen que debe ser expuesto al sol. Acudimos a la Corte de Apelaciones y ejercimos una acción de amparo porque el tribunal que lleva su causa, que es el tercero en funciones de juicio en materia de terrorismo, pero no tiene juez asignado”, explicó el abogado. García afirmó que solicitó una medida cautelar sustitutiva de libertad, el 13 de marzo, ante el tribunal primero en función de juicio con competencia en delitos conexos al terrorismo que lleva el caso, un día después de que fue decretado el estado de alarma nacional en el país por la pandemia de coronavirus.

Maracaibo, martes 16 de junio, 2020