La fiscal Fatou Bom Bensouda

La fiscal Fatou Bom Bensouda

El vicepresidente de la República Democrática del Congo y jefe del Movimiento de Liberación, Jean Pierre Bemba, entre 2002 y 2003, dirigió una matanza que dejó más de 5.000 muertos. Aquella horrible orgía de sangre y muerte fue denunciada ante el fiscal de la Corte Penal Internacional, el abogado argentino Luis Moreno Ocampo, quien abrió una investigación que desembocó en una acusación formal que llevó adelante Fatou Bensouda quien para aquel tiempo era la nueva fiscal. 

En marzo de 2016, finalmente fue dictada la condena a 18 años de cárcel contra el acusado pero hoy día, en 2019, la Sala de Apelaciones ha anulado aquel fallo, y el acusado fue absuelto de los cargos fiscales aduciendo “vicios en la acusación”, que supuestamente no contempló los hechos en los que se dictó la condena. Pero eso no es nada raro: Luis Moreno Ocampo durante los 9 años que permaneció en el cargo de fiscal, cerró sin investigar, más de 20 denuncias interpuestas contra Hugo Chávez y Nicolás Maduro, y en su gestión solo imputó a 4 criminales de guerra.

Moreno Ocampo fue descubierto recibiendo dinero de un testaferro de un imputado; en los “Panamá Papers”, se le encontraron dineros secretamente guardados escondidos con tres empresas en paraísos fiscales. Moreno Ocampo fue el mismo que recibía millonarias sumas de dinero del magnate petrolero libio Hassan Tatanaki, quien era investigado por esa Fiscalía, en los años cuando Fatou Bensouda era su vicefiscal, la segunda en ese cargo durante nueve largos años de consolidada amistad. Hablemos de ella, pues…

Fatou Bom Bensouda desarrolló su carrera al lado del feroz tirano de Gambia, Yaya Jammeh, quien la tuvo a su lado, promocionándola en varios altos cargos del gobierno hasta que la propuso como fiscal adjunto en la Corte Penal Internacional (CPI) y la admitieron en el cargo recomendada, por el fiscal de esa época, quien era nada más y nada menos que el abogado argentino Luis Moreno Ocampo, quien había conocido a Fatou de manos del dictador Yaya Jammeh y con quien había estado colaborando durante nueve años...

La fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bom Bensouda, está en este cargo desde junio de 2012, después de haber servido como Fiscal Adjunto a cargo de la División de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional desde el año 2004. Fatou Bom Bensouda, fue evidentemente, la sucesora de Moreno Ocampo, y ella tampoco se inmutó ante los reclamos venezolanos para que ordenase la apertura de una investigación sobre los crímenes de lesa humanidad que se ha señalado han sido cometidos por el gobierno de Nicolás Maduro. 

La fiscal Bensouda tendría vínculos cercanos de amistad con el gobierno de Venezuela, específicamente con la representante diplomática del país vecino en los Países Bajos, Haifa El Aissami, hermana del exvicepresidente de Venezuela y exministro de Industrias y Producción Nacional, Tarek El Aissami. Estas conexiones han señalado a la embajadora que Maduro tiene destacada en el tribunal de la CPI, como una probable razón para la demora en los trámites de la fiscal, quien siempre informaba que se encontraba muy ocupada en asuntos personales. En realidad preparaba su defensa por hallarse acusada de una estafa millonaria ante el banco de Dubai donde la fiscal de la Corte Penal Internacional ilícitamente fue con su esposo a hacer levantar medidas de congelación de 51,7 millones de dólares para cobrar honorarios contratados a su marido por 16 millones.

El esposo de Fatou Bensouda, Philip Bensouda, apareció reseñado como empresario; sin embargo, no tenía empresa alguna, y era un gestor de alto nivel que gracias a su condición de cónyuge de la fiscal se mueve por el mundo con el pasaporte diplomático D0001999, que también utilizó para que le adjudicaran un contrato de gestión de recuperar la suma de 51,7 millones de dólares que estaban congelados en el NBD Bank de Dubái. El dinero pertenecía a un policía de nombre Yaya Barrow, ciudadano de Gambia, donde Fatou Bom Bensouda derivó todo su poder a la vera del feroz dictador Yaya Jammeh del que era su mano derecha. Aunque la versión que han dado es que esa fortuna era una herencia a favor del policía, corre la versión de que en realidad es producto de la corrupción del régimen del cual ella era parte.

Estando en ejercicio del cargo de fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bom Bensouda, redactó el contrato de honorarios que firmaron su marido y el ex policía para la recuperación del dinero, y una vez firmado ese documento se trasladó a la oficina del banco en Dubái donde hizo que levantaran el congelamiento de los fondos (¿cómo negarse ante un reclamo nada menos que de la fiscal de la Corte Penal Internacional?), pero seguidamente se presentó un conflicto entre las partes porque el policía se negó a pagar los honorarios contratados alegando que era demasiado dinero (16 millones de dólares) y está acusando a Fatou Bensouda y al marido de haberle ejecutado una estafa al hacerle firmar dicho contrato. El pleito entre las partes generó un escándalo y la señora fiscal negó haber intervenido en el caso.

La Corte Penal Internacional, aceptó el documento de fecha 21 de noviembre 2018 consignado por el exparlamentario del estado Táchira, Walter Márquez, en donde se denuncia por negligencia, incumplimiento grave y fraude procesal a la Fiscal Jefe Fatou Bom Bensouda. La respuesta positiva fue dada por el órgano internacional 24 horas después de consignada la petición de abrir una investigación en contra de la funcionaria. La decisión del organismo internacional de aceptar la solicitud o denuncia en contra de la fiscal Bensouda, acercaría a Venezuela a una salida pacífica a la actual crisis que atraviesa motivado a las políticas económicas erradas impulsadas por el régimen comunista. La decisión del organismo internacional de aceptar la solicitud o denuncia en contra del fiscal jefe Fatou Bom Bensouda, acercaría a Venezuela a una salida pacífica a la actual crisis que atraviesa, si llegase la CPI a condenar a Nicolás Maduro a una pena que puede ir entre 30 años hasta cadena perpetua por crímenes de Lesa Humanidad.

El parlamentario Márquez explicó que pidió la investigación de la fiscal, básicamente, porque no investigó dos requerimientos que acusan a Nicolás Maduro de haber cometido delitos de lesa humanidad, ambas denuncias fueron desestimadas. La primera se formuló en enero de 2016, donde se señala al actual presidente venezolano y miembros de su gobierno por la represión ejercida en las protestas populares que se desarrollaron entre los meses de febrero y junio de 2014; el cierre de la frontera con Colombia y las deportaciones forzosas ejecutadas en agosto de 2015. Una segunda acusación fue expuesta a la CPI, en marzo de 2018; en la misma, Márquez, responsabiliza al mandatario venezolano por el “holocausto”, de la salud en Venezuela y el crimen de “exterminio”, generado por la privación de alimentos y medicinas en contra de los ciudadanos del país vecino, acciones que han generado el mayor éxodo (entre 2 y 4 millones de acuerdo Acnur), registrado en la historia de ese país.

En noviembre de 2016 el canciller de Rusia declararía lo siguiente: “Lamentablemente, el tribunal no ha justificado las esperanzas puestas en él y no se ha convertido en un órgano de justicia internacional independiente y de prestigio. Dice mucho que en sus 14 años de trabajo, la CPI haya dictado solo 4 veredictos y gastado más de 1.000 millones de dólares”. En la actualidad existen dos hechos contradictorios: la denuncia de Donald Trump contra la CPI ("La CPI no tiene jurisdicción, legitimidad ni autoridad"), y, la denuncia que ante esa misma CPI seis presidentes han firmado contra Maduro. En su comparecencia ante la ONU, el duro discurso de Donald Trump, y lo expresado por su asesor de Seguridad Nacional  John Bolton en septiembre del año pasado (2018), plantearía la situación de cómo se podrían aplicar sanciones a los jueces y a la fiscal de la CPI, sugiriendo prohibirles la entrada a su territorio, procesarlos por sus tribunales o  decomisarles bienes y otras opciones, ante la disparatada situación que confronta el organismo internacional.

En abril de este año 2019, Estados Unidos revocó la visa norteamericana de Fatou Bensouda, quien en la actualidad se presenta como la fiscal investigadora de los presuntos crímenes de guerra y violaciones de Derechos Humanos por parte de las fuerzas militares estadounidenses en Afganistán. En mayo, la fiscal sigue campante y los reclamos de los venezolanos pidiendo justicia, brillan por su ausencia…

Mississauga, Ontario, Canadá, martes 14 de mayo de 2019