miércoles, 29 de julio de 2020

Violaciones en el Arco Minero


Violaciones en el Arco Minero

Florantonia Singer el 19 julio y Gioconda Cunto de San Blas anteayer 23 de julio, 2020, se han referido a el Arco Minero de Venezuela y a las repetidas violaciones de todo orden que han puesto de manifiesto cómo se abusa irrespetando los derechos de las comunidades indígenas al facilitar la extracción de minerales, hasta un extremo tal que pocos días atrás las Academias Nacionales, hicieron un pronunciamiento conjunto, para denunciar la gravísima situación de ilegitimidad e inconstitucionalidad, de las múltiples veces demandada por organismos diversos, mostrando la ilegalidad que rodea a la actividad minera, criminalmente desplegada en los estados Amazonas y Bolívar, principalmente en el denominado “Arco Minero del Orinoco”.

“No pasa nada” es el ya conocido corolario que resuena ante las innumerables fechorías de este régimen que le ha entregado las riquezas naturales del país a extranjeros y a los grupos narcocriminales que hacen y deshacen a sus anchas en el territorio nacional. El presidente de la Asociación Kapé Kapé, que lucha por los derechos de las comunidades indígenas de los territorios explotados ha informado sobre las ciento noventa y siete comunidades ubicadas dentro del Arco Minero del Orinoco, que ocupa el 12% del territorio nacional, donde, desde hace cuatro años el régimen habilitó para su el aprovechamiento económico, una zona que se ha convertido en escenario de graves violaciones de derechos humanos, descritos por la Alta Comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet.  

La zona descrita es uno de los municipios mineros con la tasa de homicidios más alta del país, -84 asesinatos por cada 100.000 habitantes, según el Observatorio Venezolano de Violencia-. Al resaltar las violaciones a los derechos constitucionales de los pueblos indígenas y los daños con frecuencia irreversibles a la salud -contaminación tóxica con mercurio y cianuro, e incremento en áreas potenciales de transmisión de enfermedades emergentes (covid-19) y reemergentes como la malaria, el sarampión y la tuberculosis- se destaca la manera incontrolada como se da el hostigamiento, las persecuciones, y las desapariciones de familias enteras, torturas, abuso sexual, el trabajo infantil, la migración forzada, maltratos y masacres que son acciones sin control y de ocurrencia diaria en la región.

La reciente Resolución Nº 0010 del Ministerio del Poder Popular del Desarrollo Minero Ecológico, (8/4/2020, Gaceta Oficial No. 6.526 Extraordinario), publicada en medio de la conveniente cuarentena decretada por la pandemia del coronavirus, determina –in extenso-las áreas en las cuales se podrá ejecutar la extracción fluvial de oro y de diamantes y su procesamiento en el marco del Arco Minero del Orinoco. Esta resolución afecta aproximadamente 700 km de ríos al sur de Venezuela en un área directa de 254 Km2 desde las riberas de los ríos Cuchivero, Caura, Aro, Caroní, afluentes del río Orinoco, y de los ríos Cuyuní y Yuruari, cuyas aguas fluyen al río Esequibo.

Las graves e irreversibles violaciones de DDHH fundamentales a la dignidad de los venezolanos denunciadas ante el Consejo de DDHH por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la Naciones Unidas (Acnudh) quien en su Informe de este mismo mes de Julio, 2020, señalaba que: “la minería afecta el derecho a la autonomía y autodeterminación de algunos pueblos indígenas…es un factor perturbador de sus formas de vida tradicionales y afecta su capacidad para mantener una relación espiritual con sus territorios”. Declaraciones que  supuestamente le obliga decir que…“al Acnudh le inquieta profundamente la falta de consentimiento libre, previo e informado con respecto al establecimiento del Arco Minero del Orinoco en sus territorios tradicionales”. ¡Eso es todo! Le inquieta…

Felix Oliveros, uno de los socios que formó parte en 2016 de la apertura del Arco Minero y que involucró empresas como Faoz Corp, Ecomine, Camimpeg, Gold Reserve y Supracal, aseguró para un reportaje publicado por Venezuelausa.org en julio del 2019, que todo el negocio del oro se lo llevó este clan de Nicolasito, Oliveros aseguró que la parte operativa de los negocios del oro para el exterior era manejada por Ricardo Morón con enlace directo a través de Alex Saab, el hombre de Maduro en otro negocio turbio como son las cajas CLAP que administra el hambre y la miseria en Venezuela. Los Morón son Santiago José Morón Hernández y Ricardo José Morón Hernández, los testaferros de “Nicolasito” Maduro Guerra y su padre, Nicolás Maduro y sus aliados más cercanos con toda una red que se encuentra ubicada en lujosos complejos residenciales en la ciudad de Doral al sur de la Florida.

El maltrato ecológico a la región del Arco Minero no será fácil de revertir. Sus suelos delicados, sus ríos envenenados, el daño a la cultura y a la vida de los pueblos que allí habitan suman delitos contra DDHH de todo tipo que tendrán que ser reparados algún día, más pronto que tarde, cuando la institucionalidad retorne al país. El Estado venezolano es cómplice de las prácticas de un modelo económico extractivo, violatorio de las leyes ambientales y contrario a la supuesta protección ecológica y desarrollo sustentable contemplados en la Constitución, esa misma Constitución que fue aprobada en 1999 y que durante años ha sido promocionada por el régimen como “la mejor constitución del mundo”… “Quien tenga oídos que oiga”
Maracaibo, miércoles 29 de julio, 2020

No hay comentarios:

Publicar un comentario